CARTA A LOS CO-PRESIDENTES DE BANCA CÍVICA

D. Antonio Pulido Gutiérrez y D. Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta
Copresidentes de Banca Cívica
 
24 de Junio de 2011
 
Muy señores nuestros:
 
Ante las llamadas que se están produciendo de forma absolutamente generalizada en la red de
oficinas de Cajasol y Caja Canarias, solicitando personal “voluntario” para trabajar mañana
Sábado y pasado Domingo (así como el Lunes en determinadas localidades donde es festivo),
a fin de dirigirse telefónicamente a los clientes ofreciéndole el depósito confianza, le hacemos
las siguientes consideraciones:
 
La primera, que esta práctica es ilegal y contraria al Convenio colectivo de cajas de ahorros y
acuerdos de empresa, algo de lo que se tiene plenamente conciencia desde el momento en
que no se realiza por cauces oficiales.
 
La segunda, que entendemos que no se está siendo consciente del riesgo reputacional que
ello puede suponer ante la misma clientela, a la que se puede dar la sensación de
desesperación en la búsqueda de colocación del depósito en fin de semana.
 
Y la tercera, que consideramos que se está traspasando todo lo admisible en el nivel de
presión a la plantilla, hasta extremos que no podemos tolerar sindicalmente.
 
Por todo ello, les solicitamos expresamente que se produzca una contraorden formal antes de
las 15:00 en el sentido de no solicitar a nadie que trabaje este fin de semana, remitiéndonos a
la Comisión de Seguimiento prevista para el próximo Lunes 27 a fin de evaluar y pactar con la
representación sindical las necesidades que puedan existir en las fechas inmediatas.
 
Sin otro particular, reciban un atento saludo.
 
Isabel Lara Hidalgo
Secretaria General CCOO Banca Cívica

Subvenciones a los sindicatos: Mucho ruido y pocas nueces

Estamos inmersos en una campaña de desprestigio contra los Sindicatos, legítimos representantes electos de los trabajadores, promovida por el poder económico y pregonada por los medios de comunicación conservadores y no tan conservadores, con el fin de menoscabar nuestra imagen y debilitar a las únicas organizaciones que, tras la abdicación de los partidos políticos progresistas, se oponen al desmantelamiento del estado de bienestar.

Con este fin han puesto en práctica dos máximas muy populares en ciertos círculos políticos y mediáticos:

"Las grandes masas sucumben más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña".

"Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad". 

 

La gran mentira argumental que sistemática y machaconamente vocean    consiste en: Cuestionar la financiación de los sindicatos, trasladando la idea de que sufragan sus gastos mediante subvenciones del estado, y dando a entender que por ello su interés se centra en defender estas subvenciones en vez de los intereses de los trabajadores actuando al dictado del gobierno.

Con el fin de dar verosimilitud ha esta mentira han recurrido a descontextualizar la verdad y revestirla de una pátina de falsedades.

¿Cuál es la verdad?

Los sindicatos somos una institución fundamental en la construcción del estado social democrático de derecho como nos reconoce la Constitución (artículos 7,129 y 131) que nos garantiza nuestra participación en organismos públicos y nos encomienda las tareas de asesoramiento y colaboración en la planificación económica del Gobierno. Estas y otras funciones institucionales suponen un trabajo de representación y acción sindical que va mucho más allá de la atención a afiliados al representar al conjunto de los trabajadores. Este derecho se obtiene mediante los resultados obtenidos por cada sindicato a través de las elecciones sindicales cada cuatro años donde la participación es superior a otras elecciones.

Por otro lado está    el trabajo que conlleva la negociación colectiva para desarrollar y adecuar las leyes a la realidad de los distintos sectores y empresas, baste como ejemplo de las dimensiones de esta tarea que CCOO participa anualmente en la negociación y firma de casi 4.000 convenios colectivos, que regulan las condiciones de trabajo de más de 11 millones de personas, Por este trabajo el Estado, financia a los sindicatos con 15.7 millones de euros cuantía nada desproporcionada si la ponemos en el contexto de otras instituciones del estado como son: la Patronal con 9,6 millones, los Partidos Políticos, 84,41 millones, la Casa Real, 8,89 millones, la propia Iglesia Católica con 252 millones.

La cuantía sigue sin ser desmedida cuando se la compara con las subvenciones del Estado que reciben otros colectivos que no tienen la misma trascendencia como elementos vertebradores del Estado como : las Asociaciones Juveniles, 7,79 millones, o las cuantías destinadas a la música, danza, teatro y circo 14.19 millones, la Federación Española de Fútbol dotada, pese a sus ingresos millonarios, con 4.80 millones o los colectivos con más repercusión mediática como el Cine 89.67 millones de los que buena parte se van a productoras vinculadas a grandes “lobby“ audiovisuales televisivos que se benefician de las licencias otorgadas en función de afinidades y pleitesías políticas o la propia Prensa Escrita principal portavoz de la campaña antisindical con sus 360 millones, sin contar la publicidad institucional muchas veces una forma encubierta de financiación. O el pago de los salarios de los curas castrenses, hospitalarios y de prisiones que al margen de los ya citados 252 millones, de la Iglesia, les suponen a las arcas públicas 15 millones, más o menos lo mismo que los sindicatos, cantidad muy alejada de los 600 millones para el pago de salarios de los profesores de religión por no hablar del coste de la inminente visita del Papa a Madrid que ya está presupuestada solo en lo que respecta a la administración del estado sin incluir la dotación de la Comunidad ni del ayuntamiento en 25 millones. Especial mención merecen los 564 millones destinados en el conjunto del estado a subvencionar los Toros, más aún si tenemos en cuenta que la fiesta nacional según una encuesta de la consultora Gallup, no interesa nada al 72,1% de los españoles.
*La subvención a los toros no ha sido posible desglosarla por lo que representa el total del estado

Pero, dejando a un lado, que la cuantía recibida por los sindicatos como compensación a las tareas y trabajo que desarrollan como legítimos representantes electos de los trabajadores no es en absoluto desmedida si la situamos en el contexto que le corresponde la gran mentira se viene definitivamente abajo si analizamos lo que suponen las subvenciones en la financiación de la actividad sindical de CC.OO donde, los 15 millones, representan menos del 9% de nuestros recursos por lo que nunca podrán suponer un menoscabo en nuestra independencia.  (El conjunto de las dotaciones presupuestarias estatales y autonómicas ascendieron a un importe de unos 15 millones de euros, esto es del conjunto de las organizaciones confederadas de CCOO)

Los instigadores de esta campaña, conocen perfectamente esta realidad, por ello a veces se hace difícil entender la razón de tanta beligerancia y agresividad contra unas instituciones vitales e indispensables para el sostenimiento del estado social y de derecho como son los sindicatos. ¿Por qué entonces inventar y sostener una mentira de esta magnitud? ¿Por qué tanto ruido para tan pocas nueces?...

                            La verdad sobre los sindicatos

                                                             (pincha en este enlace)

ENCUESTA SOBRE RELACIONES

Con el ánimo de servir de canalizadores de las inquietudes de la plantilla, hemos habilitado un enlace especial en nuestro Blog para realizar una recopilación  casos, frases, hechos, etc. que se dan en nuestra entidad un día sí y otro también. Se trata de disponer de primera mano de una imágen fidedigna del mapa real de relaciones interpersonales en nuestra empresa. 

La participación en esta Encuesta se puede realizar mediante "COMENTARIOS" a esta entrada. Dichas aportaciones podrán ser totalmente anónimas, tanto en su contenido como en su procedencia (salvo que quieras identificarte).

Te animamos, por tanto, a participar en esta iniciativa y a trasladarnos tus vivencias, las cuales nos comprometemos a gestionar con la debida confidencialidad y buscarles la solución más apropiada.

CES: Convocada la Jornada de Acción Europea el 21 de junio

La movilización tiene una motivación general: expresar el rechazo del movimiento sindical europeo a las políticas de ajuste presupuestario y a los contenidos del Plan de gobernanza y del Pacto por el euro.

En la sesión de clausura del Congreso de la CES celebrado en Atenas del 16 a 19 de mayo, la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo, presidida por el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, aprobó la celebración de una jornada de acción sindical europea el próximo 21 de junio .

La movilización tiene una motivación general: expresar el rechazo del movimiento sindical europeo a las políticas de ajuste presupuestario y a los contenidos del Plan de gobernanza y del Pacto por el euro, y tres objetivos concretos, dirigidos al Parlamento y al Consejo europeos:

- Que el pleno del Parlamento, y después el Consejo, refrenden las modificaciones aprobadas en comisión que refuerzan el papel de los interlocutores sociales, el diálogo social y la negociación colectiva en la aplicación del Pacto por el euro plus (el Consejo está realizando una fuerte presión para que el pleno del Parlamento las rechace).

- Que las inversiones públicas en particular las que incidan en un modelo de desarrollo sostenible- no contabilicen a los efectos de alcanzar los objetivos de reducción de los déficits públicos.

- Que se armonice el impuesto de sociedades en la UE: base imponible y tipo mínimo.

La fecha de la movilización será el 21 de junio. El pleno del Parlamento Europeo que debe aprobar el Plan de gobernanza y el Pacto por el euro se celebrará el 22 y el 23 de junio. Además, las centrales sindicales de Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo tenían ya previsto celebrar el 21 de junio una manifestación en Luxemburgo. La jornada de acción consistirá en, además de la manifestación de Luxemburgo, la realización en cada país de las acciones que los sindicatos de la CES determinen.

MANIFIESTO DE CCOO: exigencia de un cambio de políticas y un impulso democrático

Ante la insostenible tasa de desempleo, el progresivo deterioro de la situación económica, y el nuevo marco político tras las elecciones municipales y autonómicas, la Confederación Sindical de CCOO ha elaborado un manifiesto en el que plantea la necesidad de una nueva ofensiva social y sindical para enfrentar la situación y propone cinco ejes de actuación.

http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/948118.pdf

Comisiones Obreras de Canarias. Creación de empleo, apuesta por lo público, más participación... Pronunciamiento de CCOO de cara a los comicios del 22 de mayo

Comisiones Obreras de Canarias. Creación de empleo, apuesta por lo público, más participación... Pronunciamiento de CCOO de cara a los comicios del 22 de mayo

"Durante el segundo trimestre de 2011, se celebrarán en Canarias las elecciones municipales, autonómicas y a Cabildos Insulares. CCOO Canarias, en base a la independencia que le caracteriza, acometerá este proceso electoral desde una posición no partidista, pero tampoco neutral. Como organización sindical más representativa de Canarias y con el fin de incidir en la consecución de avances en las condiciones de vida y laborales de la clase trabajadora a la que representa, CCOO Canarias planteará a las opciones que se presentan a los comicios la adopción de compromisos, y la resolución de cuestiones clave".

TEXTO COMPLETO DEL MANIFIESTO:
http://www.canarias.ccoo.es/comunes/temp/recursos/13/930562.pdf

CONVENIO COLECTIVO DE AHORRO: LA CERRAZÓN DE LA PATRONAL IMPIDE ACERCAR POSICIONES

Comunicado Conjunto CCOO, Ugt, Csica, Cic
12 de mayo de 2011

En la sesión celebrada el 11 de mayo no se han producido avances en la negociación del Convenio al persistir
la Patronal (ACARL) en aquellas cuestiones que más nos alejan de la posible consecución de un acuerdo.
Entre otras, las de mayor calado y que los sindicatos les hemos manifestado que no vamos a aceptar son:

- Congelación salarial para los años 2011 y 2012 con la pretensión además de que el incremento
salarial final, si el Convenio tiene una duración de 4 años, sea del IPC menos un 4,5%.
- Movilidad geográfica, “desbloqueando” el límite de los 25 kilómetros por razones económicas,
técnicas, organizativas o de producción (o sea, por cualquier causa).
- Libre disposición en las Entidades del horario y su distribución.
- Supresión de las Subdirecciones de oficinas C y D, estableciendo un plus para 2º responsables con
firma.

Las cuatro organizaciones que suscribimos este comunicado les hemos dicho que aunque entendemos que
hay que hacer esfuerzos para ayudar a la recuperación del sector, estos no pueden ser en ningún caso de la
magnitud que ACARL está planteando y aunque deseamos la consecución de un Convenio para el sector no
estamos dispuestos a pagar cualquier precio por el mismo. Ante el inmovilismo de ACARL las cuatro
organizaciones sindicales hemos reiterado el planteamiento conjunto que realizamos en la sesión anterior y
que centramos, básicamente, en los siguientes puntos:

- VIGENCIA: 4 años (2011-2014).
- ÁMBITO FUNCIONAL:  Ampliación del ámbito de aplicación del Convenio a la nueva realidad de las plantillas, dando cobertura y garantizando las condiciones laborales de todos los grupos financieros bajo los
que se pueda articular lo que hoy es el sector (SIP’s, ejercicio indirecto, nuevos bancos).
- NEGOCIACIÓN ARTICULADA: Establecer un listado de materias disponibles para su desarrollo y negociación en el ámbito de la empresa.
- COMISIONES PARITARIAS: Comisión Mixta Interpretativa y Observatorio Sectorial para el estudio y desarrollo de todas aquellas materias que se acuerde tratar entre las partes.
- EMPLEO:
* Garantizar el empleo mediante protocolos en cada una de las Entidades, que supongan la no
utilización de medidas traumáticas en el proceso de reestructuración del sector así como el compromiso de que en caso de ser necesarias medidas estructurales de ajuste de plantilla, estas se basarán en los principios de universalidad y voluntariedad, a través principalmente de prejubilaciones y otras medidas vegetativas, utilizando las bajas incentivadas solo como medida complementaria adicional y garantizando especialmente en este supuesto el principio de voluntariedad.
* El compromiso de efectuar un especial desarrollo en dichos protocolos de medidas de adhesión voluntaria que permitan ajustes coyunturales de empleo en caso de ser necesario.
* No se utilizarán durante la vigencia del Convenio las medidas recogidas en el artículo 51 del ET (despidos colectivos por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción).

- SALARIOS: Plena vinculación al IPC real de los crecimientos salariales durante los 4 años de vigencia del
Convenio (incorporación a tablas, cláusula de revisión salarial). En este contexto posibilidad de establecer mecanismos coyunturales de moderación salarial (años 2011 y 2012) con  recuperación de salario en los años posteriores (2013 y 2014), con fórmulas a estudiar.

- CARRERA PROFESIONAL: Creación de carreras profesionales – a desarrollar en cada Entidad- tanto por el desempeño de funciones comerciales –gestores, asesores y similares- y/o reconocimiento de itinerarios
formativos, como en los SSCC y Reducción del periodo de consolidación de cargos en las oficinas a 2 años.

- CONCILIACIÓN E IGUALDAD: Consolidar el día de libre disposición del anterior Convenio; Incremento proporcional, en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples del permiso de lactancia así como de los diez días naturales y los cinco hábiles del supuesto de lactancia acumulada (artículo 38 Convenio); No reducción importes plus convenio en los supuestos de reducción de jornada por cuidado
directo de hijo/hija o por cuidado directo de un familiar (artículo 43 Convenio).

- CONCEPTOS NO SALARIALES: Incremento significativo del importe del kilometraje.

- JORNADA: Reducción de tardes de jueves, a través de las siguientes fórmulas alternativas:
- En un calendario anual progresivo
- Ampliando calendario jornada intensiva (Octubre, Abril,……)
- Ampliando horas formación con condiciones a pactar en cada Entidad

La próxima sesión negociadora se celebrará el día 25 de Mayo. Os mantendremos informados

LA SOCIEDAD CIVIL EN DEFENSA DE LAS CAJAS DE AHORROS

Las organizaciones del tercer sector de acción social, las organizaciones de consumidores, los grupos de impositores y los sindicatos que suscribimos este posicionamiento común queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía , a los municipios, a las comunidades autónomas, a las instituciones el estado y al gobierno de la nación, para que se mantenga el carácter social de las Cajas de Ahorro y no se termine con el papel histórico que las mismas han jugado y deben seguir jugando en nuestro país.

Para nosotros es claro que el Real Decreto Ley 2/2011 convalidado el pasado 10 de marzo por el Congreso de los Diputados, tiene por objeto principal establecer nuevas exigencias para forzar la conversión acelerada de las Cajas de Ahorros en Bancos. No puede entenderse de otra manera la reclamación de aumentar su

capital básico al 10% frente a la exigencia del 8% para los Bancos.

Las medidas recogidas en el Real Decreto provocan incertidumbre sobre todo el sector independientemente de los niveles de solvencia, provocando con ello, un proceso de debilidad inducida de manera discrecional del que es únicamente responsable el Gobierno. Las mayores exigencias de capital básico, cuando los acuerdos de Basilea III no llegan a demandar ni el 4% para 2011, no tendrán otro efecto que restringir aun más el crédito circulante y el recorte de los fondos destinados a la obra social.

Corresponde al Banco de España dictar las normas para la valoración de los activos y vigilar su cumplimiento en las entidades de crédito, los déficits observados en estas materias no pueden resolverse con nuevas normas que dificultan el crecimiento económico y amenazan la viabilidad de las cajas.

Claramente el objetivo es terminar con el modelo social que representan las Cajas de Ahorro, aprovechando las dificultades que atraviesan algunas de ellas en lugar de pedir las responsabilidades correspondientes, esta cruzada cuenta con la activa participación de quienes ven a las Cajas como una anomalía del sistema financiero.

Las Cajas de Ahorro han sido el único modelo de ejercicio de la actividad financiera que ha permitido la participación de la sociedad en sus órganos de gobierno y de gestión, y cuyo carácter social ha posibilitado orientar el negocio bancario situándolo al lado de la ciudadanía, de las familias, de las pymes y de

la creación de empleo, garantizando un mercado financiero más plural y evitando la concentración oligopólica de la gran banca.

Sus beneficios, a través de la Obra Social, han contribuido a apoyar al tejido asociativo, a poner en marcha acciones generadoras de empleo, a la investigación y la educación, a la defensa del medio ambiente, la cultura y la

acción social, contribuyendo con ello a garantizar la integración de las personas y de los territorios y revertiendo parcialmente a la sociedad.

La liquidación de las Cajas de producirse, será la gran desamortización del siglo XXI, la mitad de las entidades financieras que son de la sociedad y revierten sobre ella , pasara a ser solo de unos pocos. Desaparecerá el dividendo social, los sistemas de inclusión financiera para esos colectivos sociales que no resultan de

interés comercial para los bancos y reforzara el poder de la economía financiera sobre el sistema productivo. Esto es, millones de personas se verán perjudicadas y la exclusión financiera será aún más profunda. Las actividades y centros de las obras sociales dan empleo a más de 40.000 personas en España y contribuyen directamente a la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Los 2.058 millones de euros que las cajas destinan a proyectos sociales son garantía para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.

En las Cajas de Ahorros trabajan 120.000 personas. Las organizaciones que suscribimos esta posición común queremos denunciar que, en esta fase de cambios, se está dejando deliberadamente fuera la voz de la sociedad civil organizada. En nuestra opinión es necesario un dialogo con los representantes de

los impositores, las trabajadoras y trabajadores, y las entidades sociales. Exigimos que se impulsen todos los mecanismos y vías posibles para que los

gestores de las cajas que hayan incurrido en mala gestión asuman sus responsabilidades, a la vez, que reclamamos que se permita dar continuidad a las actividades financieras desde la lógica y los criterios que son propios de las

cajas de ahorros.

Es por todo ello que consideramos al Real Decreto Ley 2/2011 más como parte del problema que como parte de las soluciones, a la vez que apreciamos en el importantes elementos de inconstitucionalidad, toda vez que se vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía , que es la propietaria de las cajas de ahorros. Ante lo cual hemos decidido dirigirnos, agrupando los intereses del conjunto de la sociedad civil a la que representamos al Defensor del Pueblo para solicitarle que interponga recurso de inconstitucionalidad, asumiendo la defensa de los derechos de la ciudadanía ante lo que posiblemente sería la mayor trasferencia de recursos económicos desde el conjunto de la sociedad a manos

privadas de nuestra historia reciente.

Madrid, 29 de abril de 2011

Tercer Sector de Acción Social

Plataforma de ONG de Acción Social (POAS)

Plataforma del Voluntariado de España (PVE)

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES)

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Consumidores

FACUA - Consumidores en Acción

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)

Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. (CEACCU)

En representación de impositores

Francisco Baquero miembro del Consejo de Administración Caja Madrid.

Paco López Consejero General de la Asamblea de Caja Madrid.

Miguel Ángel Abejón Resa Comisión de Control de Caja Madrid.

Juan Sánchez Fernández Consejero General de la Asamblea de Caja Madrid.

Julio Ruiz Ruiz miembro del Consejo de Administración de Caja Sol.

Pedro Granados Navas miembro del Consejo de Administración Caja Granada.

José Luís Merino miembro del Consejo de Administración de Caja Círculo de Burgos.

Agustín Prieto González Consejo de Administración de Caja España, Inversiones,

Salamanca y Soria.

Ignacio Velasco Valderrabanos miembro de la Comisión de Control de Caja Segovia.

Koldo Ruiz de Munáin Consejero General de la Asamblea de BBK.

Jone Pariza Vidal Consejero General de la Asamblea de BBK.

Aritz Rivero Astiz Consejero General de la Asamblea de KUTXA.

Sindicatos

Federación de Servicios Financieros y Administrativos CC.OO. (COMFIA -CC.OO.)

Federación Estatal de Servicios – UGT (FES-UGT)

Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA)

Confederación Intersindical de Cajas (CIC)

Apoyan:

Confederación Sindical de Comisiones Obreras

Unión General de Trabajadores

Ante la nueva ley de Cajas de Ahorros: Tardanza apresurada, prisa tardía

La actual normativa autonómica sobre Cajas de Ahorros data del año 1990, como reflejo de la Ley 31/1985 Reguladora de Normas Básicas de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (la conocida como LORCA) y emanó en virtud de las competencias previstas en nuestro Estatuto de Autonomía. En estos más de veinte años, muchas han sido las reformas aplicadas en el sistema financiero español y más concretamente en lo referente a las Cajas de Ahorros. Basten citar como ejemplos más relevantes la Ley 44/2002 (Ley Financiera), la Ley 26/2003 (Ley de Transparencia) o la Ley 62/2003 (Ley de Medidas Fiscales), entre otras disposiciones de menor rango.

Más recientemente, y debido a la situación de crisis económica y financiera que se desató a partir de finales de 2007 y que llegó a su culmen en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers en EEUU y cuyas secuelas estamos padeciendo, el Gobierno del Estado ha ido dictando una serie de normas económicas que inciden directamente en el desenvolvimiento de este sector. A los Reales Decretos-Ley 9/2009 sobre reestructuración bancaria, 11/2010 de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros (Reforma de la LORCA) y el 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero, se le unen las disposiciones finales contenidas en la Ley 36/2010 del Fondo para la promoción del desarrollo y el articulado específico sobre Cajas contenido en la Ley 2/2011 de economía sostenible.

Ya la Ley Financiera daba a las propias Cajas de Ahorros y a las Comunidades Autónomas un plazo de adaptación a esta nueva realidad legislativa de su propia normativa estatutaria y legislación, respectivamente,  de SEIS MESES (Disposiciones Transitorias 11º y 12ª). En Canarias, las Entidades adaptaron en tiempo y forma sus Estatutos en lo que la propia ley consideraba “normativa básica”. No así el Gobierno que ha dilatado la necesaria (y preceptiva) reforma hasta el límite impensable de estos casi nueve años.

Es llamativo que, con el paso del tiempo y haciendo un poco de memoria, constatamos que fue CC.OO. Canarias quienes, en junio de 2003 (sólo siete meses después de promulgada la ley financiera y un mes después de las elecciones autonómicas) ya prestamos a esta necesaria reforma la atención debida, promoviendo y realizando la I Jornada sobre la Ley de Cajas Canarias, de la que emanaron los documentos de conclusiones que ha sido nuestro referente a lo largo de todos estos años.

Dos ejecutivos autonómicos, el presidido por el fallecido Adán Martín y éste último por Paulino Rivero sólo se han acordado de la Ley de Cajas al final de sus periodos de legislatura. De igual forma han actuado los grupos parlamentarios en ambos periodos: soslayando la importancia de una nueva ley que recogiera no sólo los aspectos fundamentales y obligados de la ley estatal, sino que supusiera adelantarse a los acontecimientos que, por desgracia, estamos viviendo en la actualidad.

En ambas ocasiones (en diciembre de 2006 y en diciembre de 2010), sendos Anteproyectos de Ley de Cajas fueron presentados al Consejo Económico y Social de Canarias para los preceptivos Dictámenes de dicho órgano. Y también en ambos casos, fueron elevados por TRÁMITE DE URGENCIA y a escasos meses del final de la legislatura. Esos dos dictámenes se encuentran disponibles en la página web institucional del CES (http://www.cescanarias.org/) y recogen una ingente cantidad de observaciones, recomendaciones y correcciones a los textos que fueron presentados. Hay que reseñar que el CES está compuesto por representantes de Confederaciones Empresariales, Sindicatos mayoritarios, Cámaras de Comercio, Organizaciones de Consumidores y otros expertos, éstos últimos designados por el Gobierno de Canarias, por lo que la consecución de dictámenes unánimes como los dos reseñados dan fe de la extraordinaria sintonía de sus componentes y la mayoritaria sensibilidad demostrada para con este asunto en concreto.

Aunque el signo político del Gobierno de Canarias en estos ocho últimos años ha sido el mismo, en dos ocasiones el propio Ejecutivo ha sufrido la ruptura de sus pactos de gobierno; el primero en 2005, el segundo en octubre pasado. Y en ambas ocasiones el grupo parlamentario de la oposición ha incluido en su agenda de apoyos puntuales a la de Cajas como una de las Leyes a acometer de manera más inmediata, aunque  todo fue quedando en meras intenciones.

En esta oportunidad -a destiempo parlamentario y sin posibilidad de un análisis riguroso del articulado, sin tenerse en cuenta las recomendaciones del CES en sus dos Dictámenes de 2007 y 2011 y con un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias errado en algunos de sus planteamientos (como, por ejemplo, considerar que las normas recientemente aprobadas en el ámbito estatal son las que “obligan a una reformulación general de la vigente ley de Cajas Canarias”, obviando de facto la obligatoriedad incumplida que marcaba la Ley Financiera) y que, a priori, adolece de la totalidad de datos contrastables (reseña el dictamen mención expresa a toda la documentación aportada por el Ejecutivo para la realización del mismo, donde no aparece reseñado el Dictamen del CES elaborado como valoración del Anteproyecto de Ley)- se evidencia una prisa más cercana a un cierto afán electoralista que al propio interés por la materia en cuestión. Máxime cuando, de manera extraparlamentaria ya se han fijado las posiciones de acuerdo entre las tres fuerzas políticas, previas al propio debate parlamentario.

La lectura detenida del Proyecto de Ley y de la batería de enmiendas presentadas (y consensuadas previamente) por los grupos parlamentarios, avala nuestra convicción de que el Parlamento de Canarias y el propio Gobierno dan por perdida “la batalla por las Cajas”, asumiendo sin tapujos su bancarización y su conversión en meras redes minoristas de negocio bancario, adscritas a grupos financieros supra insulares, alejadas del control social que hasta ahora tenían y supeditadas a futuras operaciones privatizadoras de incierto resultado ulterior.

La Sección Sindical de CC.OO. en Banca Cívica-Canarias no es en absoluto ajena a esta coyuntura y ya hemos reiterado en numerosas ocasiones cuáles son nuestros preceptos en esta materia: transparencia, viabilidad, conservación de la naturaleza jurídica de las cajas y mantenimiento de su función social. Mostramos, igualmente y desde el primer momento, nuestra total disconformidad con el RDL 11/2010 que reforma la LORCA.

Sobre las informaciones aparecidas en prensa en los últimos días acerca de la supuesta verdadera naturaleza o interés de reabrir el clausurado periodo de sesiones exclusivamente para tramitar la aprobación de este Proyecto de Ley, nos reservamos nuestra opinión.

Finalmente, nuestra valoración sobre el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros Canarias es que llega a destiempo y con prisa, que no servirá más allá que para dejar constancia de lo que ya está pasando en el sector de ahorro en Canarias, que no ofrece soluciones a los problemas directos de los canarios y canarias, como son la financiación minorista o la defensa de sus intereses como consumidores de servicios bancarios, que no garantiza la obra social de las cajas como vehículo indispensable para una mejor redistribución de recursos sociales, que no va -ni ve- más allá de las medidas contenidas en una serie de normativas estatales, haciendo dejación de la que debería ser una auténtica defensa a ultranza de unas entidades que durante cien años han sido motor fundamental en el desarrollo de nuestra tierra.

La Sección Sindical de CC.OO. en Banca Cívica-Canarias queremos dejar constancia de lo inapropiado del trámite y tratamiento a esta medida legislativa, que ha sido movido por exceso de protagonismo político y un detrimento de enfoque práctico, que llega tarde y mal y que supone un varapalo a quienes, como nosotros y nosotras, vemos a las Cajas de Ahorros como una parte fundamental de nuestra propia idiosincrasia.

ÚLTIMA HORA:


CC.OO y UGT piden al Defensor del Pueblo que recurra la capitalización de las cajas
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

CC.OO, UGT y otras 11 asociaciones solicitarán el viernes al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de recapitalización de las cajas de ahorros por considerar que se trata de una medida injusta, que distorsiona la competencia en el sector.

Las 13 organizaciones han redactado un documento, que presentarán el próximo viernes ante esta institución, en el que se detallan sus peticiones. Los sindicatos siempre han mostrado su rechazo a ley que eleva los ratios de capital de las entidades y tras su aprobación por el Gobierno el pasado mes de febrero anunciaron movilizaciones.

En este sentido, el secretario general de Comfia-CC.OO, José María Martínez, subrayó hace unas semanas que los sindicatos trabajan desde su entrada en vigor para recurrir la normativa, pero defendió que el proceso que requiere tiempo y solventar algunas limitaciones.

En este sentido, recordó que para presentar un recurso de incostitucionalidad sólo están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y las comunidades autónomas o, en su caso, las asambleas de las mismas.

La petición del viernes estará respalda, además de por los dos principales sindicatos, por otras organizaciones sindicales como Csica y CIC. Asimismo, están representadas las organizaciones de consumidores Adicae, Ceaccu, Cecu y Facua; la Plataforma de Acción Social y la del Voluntario de España; la European Anti Poverty Network; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la ONG para el Desarrollo de España.
 

No hay avances en el convenio: la patronal ACARL no modifica sus pretensiones

El 23 de marzo se celebró una nueva sesión de la Mesa Negociadora del Convenio de Cajas de Ahorros. En la misma, tal y como avanzábamos en el comunicado conjunto emitido por CCOO, UGT, CSICA y CIC el 21 de marzo, hemos reiterado a la Acarl nuestro rechazo a sus desmesuradas pretensiones en esta negociación. 

En COMFIA-CCOO no vamos a aceptar ni la movilidad geográfica, ni el recorte de los trienios, ni la congelación salarial, ni la desregulación del horario, ni la práctica desaparición de  la clasificación de oficinas. Y esto por citar solo los elementos principales –aunque no únicos- que la patronal ha puesto encima de la Mesa.

El esfuerzo realizado por los sindicatos, al presentar una propuesta conjunta muy ajustada a los tiempos que corren, habría merecido un mejor reconocimiento por parte de Acarl, pero éste no solo no se ha producido, sino que la han descalificado tildándola de excesiva e innegociable.

Hemos emplazado a Acarl a que reflexione (¿son conscientes de que sus propuestas suponen una merma de derechos sin precedentes?), que  abandone la senda por la que ha iniciado este Convenio y haga propuestas más realistas que permitan encontrar un marco de negociación equilibrado que nos conduzca con prontitud a un acuerdo.

Una vez más les hemos recordado que las plantillas no son las responsables de la situación del sector y que los graves problemas existentes en diversas entidades no se pueden resolver en el ámbito del Convenio Colectivo.

La mejora de la productividad, que invocan para justificar sus propuestas, no se hace con recorte de salarios y derechos sino mejorando la organización del trabajo, y en ese campo son los gestores de las entidades quienes tienen la mayor responsabilidad. 

Queremos un Convenio que sea eficaz para la defensa del empleo en el sector (que es la prioridad de COMFIA-CCOO) y que sea de aplicación a todas las entidades que adopten las nuevas formas jurídicas propiciadas por los recientes cambios legislativos.

Esperamos pues que la patronal recapacite y en próximas sesiones –el 12 de abril está convocada una nueva reunión de la mesa negociadora-  podamos aproximar posiciones.