LA SOCIEDAD CIVIL EN DEFENSA DE LAS CAJAS DE AHORROS

Las organizaciones del tercer sector de acción social, las organizaciones de consumidores, los grupos de impositores y los sindicatos que suscribimos este posicionamiento común queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía , a los municipios, a las comunidades autónomas, a las instituciones el estado y al gobierno de la nación, para que se mantenga el carácter social de las Cajas de Ahorro y no se termine con el papel histórico que las mismas han jugado y deben seguir jugando en nuestro país.

Para nosotros es claro que el Real Decreto Ley 2/2011 convalidado el pasado 10 de marzo por el Congreso de los Diputados, tiene por objeto principal establecer nuevas exigencias para forzar la conversión acelerada de las Cajas de Ahorros en Bancos. No puede entenderse de otra manera la reclamación de aumentar su

capital básico al 10% frente a la exigencia del 8% para los Bancos.

Las medidas recogidas en el Real Decreto provocan incertidumbre sobre todo el sector independientemente de los niveles de solvencia, provocando con ello, un proceso de debilidad inducida de manera discrecional del que es únicamente responsable el Gobierno. Las mayores exigencias de capital básico, cuando los acuerdos de Basilea III no llegan a demandar ni el 4% para 2011, no tendrán otro efecto que restringir aun más el crédito circulante y el recorte de los fondos destinados a la obra social.

Corresponde al Banco de España dictar las normas para la valoración de los activos y vigilar su cumplimiento en las entidades de crédito, los déficits observados en estas materias no pueden resolverse con nuevas normas que dificultan el crecimiento económico y amenazan la viabilidad de las cajas.

Claramente el objetivo es terminar con el modelo social que representan las Cajas de Ahorro, aprovechando las dificultades que atraviesan algunas de ellas en lugar de pedir las responsabilidades correspondientes, esta cruzada cuenta con la activa participación de quienes ven a las Cajas como una anomalía del sistema financiero.

Las Cajas de Ahorro han sido el único modelo de ejercicio de la actividad financiera que ha permitido la participación de la sociedad en sus órganos de gobierno y de gestión, y cuyo carácter social ha posibilitado orientar el negocio bancario situándolo al lado de la ciudadanía, de las familias, de las pymes y de

la creación de empleo, garantizando un mercado financiero más plural y evitando la concentración oligopólica de la gran banca.

Sus beneficios, a través de la Obra Social, han contribuido a apoyar al tejido asociativo, a poner en marcha acciones generadoras de empleo, a la investigación y la educación, a la defensa del medio ambiente, la cultura y la

acción social, contribuyendo con ello a garantizar la integración de las personas y de los territorios y revertiendo parcialmente a la sociedad.

La liquidación de las Cajas de producirse, será la gran desamortización del siglo XXI, la mitad de las entidades financieras que son de la sociedad y revierten sobre ella , pasara a ser solo de unos pocos. Desaparecerá el dividendo social, los sistemas de inclusión financiera para esos colectivos sociales que no resultan de

interés comercial para los bancos y reforzara el poder de la economía financiera sobre el sistema productivo. Esto es, millones de personas se verán perjudicadas y la exclusión financiera será aún más profunda. Las actividades y centros de las obras sociales dan empleo a más de 40.000 personas en España y contribuyen directamente a la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Los 2.058 millones de euros que las cajas destinan a proyectos sociales son garantía para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.

En las Cajas de Ahorros trabajan 120.000 personas. Las organizaciones que suscribimos esta posición común queremos denunciar que, en esta fase de cambios, se está dejando deliberadamente fuera la voz de la sociedad civil organizada. En nuestra opinión es necesario un dialogo con los representantes de

los impositores, las trabajadoras y trabajadores, y las entidades sociales. Exigimos que se impulsen todos los mecanismos y vías posibles para que los

gestores de las cajas que hayan incurrido en mala gestión asuman sus responsabilidades, a la vez, que reclamamos que se permita dar continuidad a las actividades financieras desde la lógica y los criterios que son propios de las

cajas de ahorros.

Es por todo ello que consideramos al Real Decreto Ley 2/2011 más como parte del problema que como parte de las soluciones, a la vez que apreciamos en el importantes elementos de inconstitucionalidad, toda vez que se vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía , que es la propietaria de las cajas de ahorros. Ante lo cual hemos decidido dirigirnos, agrupando los intereses del conjunto de la sociedad civil a la que representamos al Defensor del Pueblo para solicitarle que interponga recurso de inconstitucionalidad, asumiendo la defensa de los derechos de la ciudadanía ante lo que posiblemente sería la mayor trasferencia de recursos económicos desde el conjunto de la sociedad a manos

privadas de nuestra historia reciente.

Madrid, 29 de abril de 2011

Tercer Sector de Acción Social

Plataforma de ONG de Acción Social (POAS)

Plataforma del Voluntariado de España (PVE)

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES)

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Consumidores

FACUA - Consumidores en Acción

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)

Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. (CEACCU)

En representación de impositores

Francisco Baquero miembro del Consejo de Administración Caja Madrid.

Paco López Consejero General de la Asamblea de Caja Madrid.

Miguel Ángel Abejón Resa Comisión de Control de Caja Madrid.

Juan Sánchez Fernández Consejero General de la Asamblea de Caja Madrid.

Julio Ruiz Ruiz miembro del Consejo de Administración de Caja Sol.

Pedro Granados Navas miembro del Consejo de Administración Caja Granada.

José Luís Merino miembro del Consejo de Administración de Caja Círculo de Burgos.

Agustín Prieto González Consejo de Administración de Caja España, Inversiones,

Salamanca y Soria.

Ignacio Velasco Valderrabanos miembro de la Comisión de Control de Caja Segovia.

Koldo Ruiz de Munáin Consejero General de la Asamblea de BBK.

Jone Pariza Vidal Consejero General de la Asamblea de BBK.

Aritz Rivero Astiz Consejero General de la Asamblea de KUTXA.

Sindicatos

Federación de Servicios Financieros y Administrativos CC.OO. (COMFIA -CC.OO.)

Federación Estatal de Servicios – UGT (FES-UGT)

Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA)

Confederación Intersindical de Cajas (CIC)

Apoyan:

Confederación Sindical de Comisiones Obreras

Unión General de Trabajadores

Ante la nueva ley de Cajas de Ahorros: Tardanza apresurada, prisa tardía

La actual normativa autonómica sobre Cajas de Ahorros data del año 1990, como reflejo de la Ley 31/1985 Reguladora de Normas Básicas de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (la conocida como LORCA) y emanó en virtud de las competencias previstas en nuestro Estatuto de Autonomía. En estos más de veinte años, muchas han sido las reformas aplicadas en el sistema financiero español y más concretamente en lo referente a las Cajas de Ahorros. Basten citar como ejemplos más relevantes la Ley 44/2002 (Ley Financiera), la Ley 26/2003 (Ley de Transparencia) o la Ley 62/2003 (Ley de Medidas Fiscales), entre otras disposiciones de menor rango.

Más recientemente, y debido a la situación de crisis económica y financiera que se desató a partir de finales de 2007 y que llegó a su culmen en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers en EEUU y cuyas secuelas estamos padeciendo, el Gobierno del Estado ha ido dictando una serie de normas económicas que inciden directamente en el desenvolvimiento de este sector. A los Reales Decretos-Ley 9/2009 sobre reestructuración bancaria, 11/2010 de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros (Reforma de la LORCA) y el 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero, se le unen las disposiciones finales contenidas en la Ley 36/2010 del Fondo para la promoción del desarrollo y el articulado específico sobre Cajas contenido en la Ley 2/2011 de economía sostenible.

Ya la Ley Financiera daba a las propias Cajas de Ahorros y a las Comunidades Autónomas un plazo de adaptación a esta nueva realidad legislativa de su propia normativa estatutaria y legislación, respectivamente,  de SEIS MESES (Disposiciones Transitorias 11º y 12ª). En Canarias, las Entidades adaptaron en tiempo y forma sus Estatutos en lo que la propia ley consideraba “normativa básica”. No así el Gobierno que ha dilatado la necesaria (y preceptiva) reforma hasta el límite impensable de estos casi nueve años.

Es llamativo que, con el paso del tiempo y haciendo un poco de memoria, constatamos que fue CC.OO. Canarias quienes, en junio de 2003 (sólo siete meses después de promulgada la ley financiera y un mes después de las elecciones autonómicas) ya prestamos a esta necesaria reforma la atención debida, promoviendo y realizando la I Jornada sobre la Ley de Cajas Canarias, de la que emanaron los documentos de conclusiones que ha sido nuestro referente a lo largo de todos estos años.

Dos ejecutivos autonómicos, el presidido por el fallecido Adán Martín y éste último por Paulino Rivero sólo se han acordado de la Ley de Cajas al final de sus periodos de legislatura. De igual forma han actuado los grupos parlamentarios en ambos periodos: soslayando la importancia de una nueva ley que recogiera no sólo los aspectos fundamentales y obligados de la ley estatal, sino que supusiera adelantarse a los acontecimientos que, por desgracia, estamos viviendo en la actualidad.

En ambas ocasiones (en diciembre de 2006 y en diciembre de 2010), sendos Anteproyectos de Ley de Cajas fueron presentados al Consejo Económico y Social de Canarias para los preceptivos Dictámenes de dicho órgano. Y también en ambos casos, fueron elevados por TRÁMITE DE URGENCIA y a escasos meses del final de la legislatura. Esos dos dictámenes se encuentran disponibles en la página web institucional del CES (http://www.cescanarias.org/) y recogen una ingente cantidad de observaciones, recomendaciones y correcciones a los textos que fueron presentados. Hay que reseñar que el CES está compuesto por representantes de Confederaciones Empresariales, Sindicatos mayoritarios, Cámaras de Comercio, Organizaciones de Consumidores y otros expertos, éstos últimos designados por el Gobierno de Canarias, por lo que la consecución de dictámenes unánimes como los dos reseñados dan fe de la extraordinaria sintonía de sus componentes y la mayoritaria sensibilidad demostrada para con este asunto en concreto.

Aunque el signo político del Gobierno de Canarias en estos ocho últimos años ha sido el mismo, en dos ocasiones el propio Ejecutivo ha sufrido la ruptura de sus pactos de gobierno; el primero en 2005, el segundo en octubre pasado. Y en ambas ocasiones el grupo parlamentario de la oposición ha incluido en su agenda de apoyos puntuales a la de Cajas como una de las Leyes a acometer de manera más inmediata, aunque  todo fue quedando en meras intenciones.

En esta oportunidad -a destiempo parlamentario y sin posibilidad de un análisis riguroso del articulado, sin tenerse en cuenta las recomendaciones del CES en sus dos Dictámenes de 2007 y 2011 y con un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias errado en algunos de sus planteamientos (como, por ejemplo, considerar que las normas recientemente aprobadas en el ámbito estatal son las que “obligan a una reformulación general de la vigente ley de Cajas Canarias”, obviando de facto la obligatoriedad incumplida que marcaba la Ley Financiera) y que, a priori, adolece de la totalidad de datos contrastables (reseña el dictamen mención expresa a toda la documentación aportada por el Ejecutivo para la realización del mismo, donde no aparece reseñado el Dictamen del CES elaborado como valoración del Anteproyecto de Ley)- se evidencia una prisa más cercana a un cierto afán electoralista que al propio interés por la materia en cuestión. Máxime cuando, de manera extraparlamentaria ya se han fijado las posiciones de acuerdo entre las tres fuerzas políticas, previas al propio debate parlamentario.

La lectura detenida del Proyecto de Ley y de la batería de enmiendas presentadas (y consensuadas previamente) por los grupos parlamentarios, avala nuestra convicción de que el Parlamento de Canarias y el propio Gobierno dan por perdida “la batalla por las Cajas”, asumiendo sin tapujos su bancarización y su conversión en meras redes minoristas de negocio bancario, adscritas a grupos financieros supra insulares, alejadas del control social que hasta ahora tenían y supeditadas a futuras operaciones privatizadoras de incierto resultado ulterior.

La Sección Sindical de CC.OO. en Banca Cívica-Canarias no es en absoluto ajena a esta coyuntura y ya hemos reiterado en numerosas ocasiones cuáles son nuestros preceptos en esta materia: transparencia, viabilidad, conservación de la naturaleza jurídica de las cajas y mantenimiento de su función social. Mostramos, igualmente y desde el primer momento, nuestra total disconformidad con el RDL 11/2010 que reforma la LORCA.

Sobre las informaciones aparecidas en prensa en los últimos días acerca de la supuesta verdadera naturaleza o interés de reabrir el clausurado periodo de sesiones exclusivamente para tramitar la aprobación de este Proyecto de Ley, nos reservamos nuestra opinión.

Finalmente, nuestra valoración sobre el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros Canarias es que llega a destiempo y con prisa, que no servirá más allá que para dejar constancia de lo que ya está pasando en el sector de ahorro en Canarias, que no ofrece soluciones a los problemas directos de los canarios y canarias, como son la financiación minorista o la defensa de sus intereses como consumidores de servicios bancarios, que no garantiza la obra social de las cajas como vehículo indispensable para una mejor redistribución de recursos sociales, que no va -ni ve- más allá de las medidas contenidas en una serie de normativas estatales, haciendo dejación de la que debería ser una auténtica defensa a ultranza de unas entidades que durante cien años han sido motor fundamental en el desarrollo de nuestra tierra.

La Sección Sindical de CC.OO. en Banca Cívica-Canarias queremos dejar constancia de lo inapropiado del trámite y tratamiento a esta medida legislativa, que ha sido movido por exceso de protagonismo político y un detrimento de enfoque práctico, que llega tarde y mal y que supone un varapalo a quienes, como nosotros y nosotras, vemos a las Cajas de Ahorros como una parte fundamental de nuestra propia idiosincrasia.

ÚLTIMA HORA:


CC.OO y UGT piden al Defensor del Pueblo que recurra la capitalización de las cajas
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

CC.OO, UGT y otras 11 asociaciones solicitarán el viernes al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de recapitalización de las cajas de ahorros por considerar que se trata de una medida injusta, que distorsiona la competencia en el sector.

Las 13 organizaciones han redactado un documento, que presentarán el próximo viernes ante esta institución, en el que se detallan sus peticiones. Los sindicatos siempre han mostrado su rechazo a ley que eleva los ratios de capital de las entidades y tras su aprobación por el Gobierno el pasado mes de febrero anunciaron movilizaciones.

En este sentido, el secretario general de Comfia-CC.OO, José María Martínez, subrayó hace unas semanas que los sindicatos trabajan desde su entrada en vigor para recurrir la normativa, pero defendió que el proceso que requiere tiempo y solventar algunas limitaciones.

En este sentido, recordó que para presentar un recurso de incostitucionalidad sólo están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y las comunidades autónomas o, en su caso, las asambleas de las mismas.

La petición del viernes estará respalda, además de por los dos principales sindicatos, por otras organizaciones sindicales como Csica y CIC. Asimismo, están representadas las organizaciones de consumidores Adicae, Ceaccu, Cecu y Facua; la Plataforma de Acción Social y la del Voluntario de España; la European Anti Poverty Network; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la ONG para el Desarrollo de España.