Las organizaciones del tercer sector de acción social, las organizaciones de consumidores, los grupos de impositores y los sindicatos que suscribimos este posicionamiento común queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía , a los municipios, a las comunidades autónomas, a las instituciones el estado y al gobierno de la nación, para que se mantenga el carácter social de las Cajas de Ahorro y no se termine con el papel histórico que las mismas han jugado y deben seguir jugando en nuestro país.
Para nosotros es claro que el Real Decreto Ley 2/2011 convalidado el pasado 10 de marzo por el Congreso de los Diputados, tiene por objeto principal establecer nuevas exigencias para forzar la conversión acelerada de las Cajas de Ahorros en Bancos. No puede entenderse de otra manera la reclamación de aumentar su
capital básico al 10% frente a la exigencia del 8% para los Bancos.
Las medidas recogidas en el Real Decreto provocan incertidumbre sobre todo el sector independientemente de los niveles de solvencia, provocando con ello, un proceso de debilidad inducida de manera discrecional del que es únicamente responsable el Gobierno. Las mayores exigencias de capital básico, cuando los acuerdos de Basilea III no llegan a demandar ni el 4% para 2011, no tendrán otro efecto que restringir aun más el crédito circulante y el recorte de los fondos destinados a la obra social.
Corresponde al Banco de España dictar las normas para la valoración de los activos y vigilar su cumplimiento en las entidades de crédito, los déficits observados en estas materias no pueden resolverse con nuevas normas que dificultan el crecimiento económico y amenazan la viabilidad de las cajas.
Claramente el objetivo es terminar con el modelo social que representan las Cajas de Ahorro, aprovechando las dificultades que atraviesan algunas de ellas en lugar de pedir las responsabilidades correspondientes, esta cruzada cuenta con la activa participación de quienes ven a las Cajas como una anomalía del sistema financiero.
Las Cajas de Ahorro han sido el único modelo de ejercicio de la actividad financiera que ha permitido la participación de la sociedad en sus órganos de gobierno y de gestión, y cuyo carácter social ha posibilitado orientar el negocio bancario situándolo al lado de la ciudadanía, de las familias, de las pymes y de
la creación de empleo, garantizando un mercado financiero más plural y evitando la concentración oligopólica de la gran banca.
Sus beneficios, a través de la Obra Social, han contribuido a apoyar al tejido asociativo, a poner en marcha acciones generadoras de empleo, a la investigación y la educación, a la defensa del medio ambiente, la cultura y la
acción social, contribuyendo con ello a garantizar la integración de las personas y de los territorios y revertiendo parcialmente a la sociedad.
La liquidación de las Cajas de producirse, será la gran desamortización del siglo XXI, la mitad de las entidades financieras que son de la sociedad y revierten sobre ella , pasara a ser solo de unos pocos. Desaparecerá el dividendo social, los sistemas de inclusión financiera para esos colectivos sociales que no resultan de
interés comercial para los bancos y reforzara el poder de la economía financiera sobre el sistema productivo. Esto es, millones de personas se verán perjudicadas y la exclusión financiera será aún más profunda. Las actividades y centros de las obras sociales dan empleo a más de 40.000 personas en España y contribuyen directamente a la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Los 2.058 millones de euros que las cajas destinan a proyectos sociales son garantía para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.
En las Cajas de Ahorros trabajan 120.000 personas. Las organizaciones que suscribimos esta posición común queremos denunciar que, en esta fase de cambios, se está dejando deliberadamente fuera la voz de la sociedad civil organizada. En nuestra opinión es necesario un dialogo con los representantes de
los impositores, las trabajadoras y trabajadores, y las entidades sociales. Exigimos que se impulsen todos los mecanismos y vías posibles para que los
gestores de las cajas que hayan incurrido en mala gestión asuman sus responsabilidades, a la vez, que reclamamos que se permita dar continuidad a las actividades financieras desde la lógica y los criterios que son propios de las
cajas de ahorros.
Es por todo ello que consideramos al Real Decreto Ley 2/2011 más como parte del problema que como parte de las soluciones, a la vez que apreciamos en el importantes elementos de inconstitucionalidad, toda vez que se vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía , que es la propietaria de las cajas de ahorros. Ante lo cual hemos decidido dirigirnos, agrupando los intereses del conjunto de la sociedad civil a la que representamos al Defensor del Pueblo para solicitarle que interponga recurso de inconstitucionalidad, asumiendo la defensa de los derechos de la ciudadanía ante lo que posiblemente sería la mayor trasferencia de recursos económicos desde el conjunto de la sociedad a manos
privadas de nuestra historia reciente.
Madrid, 29 de abril de 2011
Tercer Sector de Acción Social
Plataforma de ONG de Acción Social (POAS)
Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES)
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
Consumidores
FACUA - Consumidores en Acción
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. (CEACCU)
En representación de impositores
Francisco Baquero miembro del Consejo de Administración Caja Madrid.
Paco López Consejero General de la Asamblea de Caja Madrid.
Miguel Ángel Abejón Resa Comisión de Control de Caja Madrid.
Juan Sánchez Fernández Consejero General de la Asamblea de Caja Madrid.
Julio Ruiz Ruiz miembro del Consejo de Administración de Caja Sol.
Pedro Granados Navas miembro del Consejo de Administración Caja Granada.
José Luís Merino miembro del Consejo de Administración de Caja Círculo de Burgos.
Agustín Prieto González Consejo de Administración de Caja España, Inversiones,
Salamanca y Soria.
Ignacio Velasco Valderrabanos miembro de la Comisión de Control de Caja Segovia.
Koldo Ruiz de Munáin Consejero General de la Asamblea de BBK.
Jone Pariza Vidal Consejero General de la Asamblea de BBK.
Aritz Rivero Astiz Consejero General de la Asamblea de KUTXA.
Sindicatos
Federación de Servicios Financieros y Administrativos CC.OO. (COMFIA -CC.OO.)
Federación Estatal de Servicios – UGT (FES-UGT)
Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA)
Confederación Intersindical de Cajas (CIC)
Apoyan:
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
Unión General de Trabajadores
No hay comentarios:
Publicar un comentario