La actual normativa autonómica sobre Cajas de Ahorros data del año 1990, como reflejo de la Ley 31/1985 Reguladora de Normas Básicas de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (la conocida como LORCA) y emanó en virtud de las competencias previstas en nuestro Estatuto de Autonomía. En estos más de veinte años, muchas han sido las reformas aplicadas en el sistema financiero español y más concretamente en lo referente a las Cajas de Ahorros. Basten citar como ejemplos más relevantes la Ley 44/2002 (Ley Financiera), la Ley 26/2003 (Ley de Transparencia) o la Ley 62/2003 (Ley de Medidas Fiscales), entre otras disposiciones de menor rango.
Más recientemente, y debido a la situación de crisis económica y financiera que se desató a partir de finales de 2007 y que llegó a su culmen en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers en EEUU y cuyas secuelas estamos padeciendo, el Gobierno del Estado ha ido dictando una serie de normas económicas que inciden directamente en el desenvolvimiento de este sector. A los Reales Decretos-Ley 9/2009 sobre reestructuración bancaria, 11/2010 de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros (Reforma de la LORCA) y el 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero, se le unen las disposiciones finales contenidas en la Ley 36/2010 del Fondo para la promoción del desarrollo y el articulado específico sobre Cajas contenido en la Ley 2/2011 de economía sostenible.Ya la Ley Financiera daba a las propias Cajas de Ahorros y a las Comunidades Autónomas un plazo de adaptación a esta nueva realidad legislativa de su propia normativa estatutaria y legislación, respectivamente, de SEIS MESES (Disposiciones Transitorias 11º y 12ª). En Canarias, las Entidades adaptaron en tiempo y forma sus Estatutos en lo que la propia ley consideraba “normativa básica”. No así el Gobierno que ha dilatado la necesaria (y preceptiva) reforma hasta el límite impensable de estos casi nueve años.
Es llamativo que, con el paso del tiempo y haciendo un poco de memoria, constatamos que fue CC.OO. Canarias quienes, en junio de 2003 (sólo siete meses después de promulgada la ley financiera y un mes después de las elecciones autonómicas) ya prestamos a esta necesaria reforma la atención debida, promoviendo y realizando la I Jornada sobre la Ley de Cajas Canarias, de la que emanaron los documentos de conclusiones que ha sido nuestro referente a lo largo de todos estos años.
Dos ejecutivos autonómicos, el presidido por el fallecido Adán Martín y éste último por Paulino Rivero sólo se han acordado de la Ley de Cajas al final de sus periodos de legislatura. De igual forma han actuado los grupos parlamentarios en ambos periodos: soslayando la importancia de una nueva ley que recogiera no sólo los aspectos fundamentales y obligados de la ley estatal, sino que supusiera adelantarse a los acontecimientos que, por desgracia, estamos viviendo en la actualidad.En ambas ocasiones (en diciembre de 2006 y en diciembre de 2010), sendos Anteproyectos de Ley de Cajas fueron presentados al Consejo Económico y Social de Canarias para los preceptivos Dictámenes de dicho órgano. Y también en ambos casos, fueron elevados por TRÁMITE DE URGENCIA y a escasos meses del final de la legislatura. Esos dos dictámenes se encuentran disponibles en la página web institucional del CES (http://www.cescanarias.org/) y recogen una ingente cantidad de observaciones, recomendaciones y correcciones a los textos que fueron presentados. Hay que reseñar que el CES está compuesto por representantes de Confederaciones Empresariales, Sindicatos mayoritarios, Cámaras de Comercio, Organizaciones de Consumidores y otros expertos, éstos últimos designados por el Gobierno de Canarias, por lo que la consecución de dictámenes unánimes como los dos reseñados dan fe de la extraordinaria sintonía de sus componentes y la mayoritaria sensibilidad demostrada para con este asunto en concreto.
Aunque el signo político del Gobierno de Canarias en estos ocho últimos años ha sido el mismo, en dos ocasiones el propio Ejecutivo ha sufrido la ruptura de sus pactos de gobierno; el primero en 2005, el segundo en octubre pasado. Y en ambas ocasiones el grupo parlamentario de la oposición ha incluido en su agenda de apoyos puntuales a la de Cajas como una de las Leyes a acometer de manera más inmediata, aunque todo fue quedando en meras intenciones.
En esta oportunidad -a destiempo parlamentario y sin posibilidad de un análisis riguroso del articulado, sin tenerse en cuenta las recomendaciones del CES en sus dos Dictámenes de 2007 y 2011 y con un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias errado en algunos de sus planteamientos (como, por ejemplo, considerar que las normas recientemente aprobadas en el ámbito estatal son las que “obligan a una reformulación general de la vigente ley de Cajas Canarias”, obviando de facto la obligatoriedad incumplida que marcaba la Ley Financiera) y que, a priori, adolece de la totalidad de datos contrastables (reseña el dictamen mención expresa a toda la documentación aportada por el Ejecutivo para la realización del mismo, donde no aparece reseñado el Dictamen del CES elaborado como valoración del Anteproyecto de Ley)- se evidencia una prisa más cercana a un cierto afán electoralista que al propio interés por la materia en cuestión. Máxime cuando, de manera extraparlamentaria ya se han fijado las posiciones de acuerdo entre las tres fuerzas políticas, previas al propio debate parlamentario.
La lectura detenida del Proyecto de Ley y de la batería de enmiendas presentadas (y consensuadas previamente) por los grupos parlamentarios, avala nuestra convicción de que el Parlamento de Canarias y el propio Gobierno dan por perdida “la batalla por las Cajas”, asumiendo sin tapujos su bancarización y su conversión en meras redes minoristas de negocio bancario, adscritas a grupos financieros supra insulares, alejadas del control social que hasta ahora tenían y supeditadas a futuras operaciones privatizadoras de incierto resultado ulterior.
La Sección Sindical de CC.OO. en Banca Cívica-Canarias no es en absoluto ajena a esta coyuntura y ya hemos reiterado en numerosas ocasiones cuáles son nuestros preceptos en esta materia: transparencia, viabilidad, conservación de la naturaleza jurídica de las cajas y mantenimiento de su función social. Mostramos, igualmente y desde el primer momento, nuestra total disconformidad con el RDL 11/2010 que reforma la LORCA.
Sobre las informaciones aparecidas en prensa en los últimos días acerca de la supuesta verdadera naturaleza o interés de reabrir el clausurado periodo de sesiones exclusivamente para tramitar la aprobación de este Proyecto de Ley, nos reservamos nuestra opinión.
Finalmente, nuestra valoración sobre el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros Canarias es que llega a destiempo y con prisa, que no servirá más allá que para dejar constancia de lo que ya está pasando en el sector de ahorro en Canarias, que no ofrece soluciones a los problemas directos de los canarios y canarias, como son la financiación minorista o la defensa de sus intereses como consumidores de servicios bancarios, que no garantiza la obra social de las cajas como vehículo indispensable para una mejor redistribución de recursos sociales, que no va -ni ve- más allá de las medidas contenidas en una serie de normativas estatales, haciendo dejación de la que debería ser una auténtica defensa a ultranza de unas entidades que durante cien años han sido motor fundamental en el desarrollo de nuestra tierra.
La Sección Sindical de CC.OO. en Banca Cívica-Canarias queremos dejar constancia de lo inapropiado del trámite y tratamiento a esta medida legislativa, que ha sido movido por exceso de protagonismo político y un detrimento de enfoque práctico, que llega tarde y mal y que supone un varapalo a quienes, como nosotros y nosotras, vemos a las Cajas de Ahorros como una parte fundamental de nuestra propia idiosincrasia.
ÚLTIMA HORA:
CC.OO y UGT piden al Defensor del Pueblo que recurra la capitalización de las cajas
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
CC.OO, UGT y otras 11 asociaciones solicitarán el viernes al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de recapitalización de las cajas de ahorros por considerar que se trata de una medida injusta, que distorsiona la competencia en el sector.
Las 13 organizaciones han redactado un documento, que presentarán el próximo viernes ante esta institución, en el que se detallan sus peticiones. Los sindicatos siempre han mostrado su rechazo a ley que eleva los ratios de capital de las entidades y tras su aprobación por el Gobierno el pasado mes de febrero anunciaron movilizaciones.
En este sentido, el secretario general de Comfia-CC.OO, José María Martínez, subrayó hace unas semanas que los sindicatos trabajan desde su entrada en vigor para recurrir la normativa, pero defendió que el proceso que requiere tiempo y solventar algunas limitaciones.
En este sentido, recordó que para presentar un recurso de incostitucionalidad sólo están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y las comunidades autónomas o, en su caso, las asambleas de las mismas.
La petición del viernes estará respalda, además de por los dos principales sindicatos, por otras organizaciones sindicales como Csica y CIC. Asimismo, están representadas las organizaciones de consumidores Adicae, Ceaccu, Cecu y Facua; la Plataforma de Acción Social y la del Voluntario de España; la European Anti Poverty Network; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la ONG para el Desarrollo de España.
Finalmente, nuestra valoración sobre el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros Canarias es que llega a destiempo y con prisa, que no servirá más allá que para dejar constancia de lo que ya está pasando en el sector de ahorro en Canarias, que no ofrece soluciones a los problemas directos de los canarios y canarias, como son la financiación minorista o la defensa de sus intereses como consumidores de servicios bancarios, que no garantiza la obra social de las cajas como vehículo indispensable para una mejor redistribución de recursos sociales, que no va -ni ve- más allá de las medidas contenidas en una serie de normativas estatales, haciendo dejación de la que debería ser una auténtica defensa a ultranza de unas entidades que durante cien años han sido motor fundamental en el desarrollo de nuestra tierra.
La Sección Sindical de CC.OO. en Banca Cívica-Canarias queremos dejar constancia de lo inapropiado del trámite y tratamiento a esta medida legislativa, que ha sido movido por exceso de protagonismo político y un detrimento de enfoque práctico, que llega tarde y mal y que supone un varapalo a quienes, como nosotros y nosotras, vemos a las Cajas de Ahorros como una parte fundamental de nuestra propia idiosincrasia.
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
CC.OO, UGT y otras 11 asociaciones solicitarán el viernes al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de recapitalización de las cajas de ahorros por considerar que se trata de una medida injusta, que distorsiona la competencia en el sector.
Las 13 organizaciones han redactado un documento, que presentarán el próximo viernes ante esta institución, en el que se detallan sus peticiones. Los sindicatos siempre han mostrado su rechazo a ley que eleva los ratios de capital de las entidades y tras su aprobación por el Gobierno el pasado mes de febrero anunciaron movilizaciones.
En este sentido, el secretario general de Comfia-CC.OO, José María Martínez, subrayó hace unas semanas que los sindicatos trabajan desde su entrada en vigor para recurrir la normativa, pero defendió que el proceso que requiere tiempo y solventar algunas limitaciones.
En este sentido, recordó que para presentar un recurso de incostitucionalidad sólo están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y las comunidades autónomas o, en su caso, las asambleas de las mismas.
La petición del viernes estará respalda, además de por los dos principales sindicatos, por otras organizaciones sindicales como Csica y CIC. Asimismo, están representadas las organizaciones de consumidores Adicae, Ceaccu, Cecu y Facua; la Plataforma de Acción Social y la del Voluntario de España; la European Anti Poverty Network; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la ONG para el Desarrollo de España.
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