SE QUEDAN “POR IMPERATIVO LEGAL”

Ya anunciamos en agosto que las Elecciones convocadas para la renovación de los Órganos de Gobierno de la Caja (Consejo, Asamblea y Comisión de Control) se habían suspendido por acuerdo del Consejo de Administración y que no teníamos comunicación oficial.

Bueno, pues UN MES DESPUÉS la Comisión Electoral envía un comunicado a la plantilla (malfechado el 5 de agosto y enviado el 5 de septiembre) trasladándoles el acuerdo y las razones esgrimidas para adoptarlo: la reforma de la Lorca, que establece “nuevos requisitos de carácter objetivo” y el riesgo de tener de repetir todo el procedimiento electoral.

No obstante, la web de la Caja menciona que la razón es que se paraliza “hasta la correspondiente adaptación estatutaria”. Esto es: hasta que la Caja decida adaptar sus estatutos y reglamento electoral o hasta que el Gobierno de Canarias readapte la Ley de Cajas a la nueva normativa.

La Ley Financiera de noviembre de 2002 fijaba también nuevos parámetros respecto a los OO.Gobierno de las Cajas. En esa ocasión, la Caja adaptó su normativa interna, cuyas modificaciones fueron aprobadas por la Asamblea General el 3 de abril de 2003. Las renovaciones correspondientes a los/as Consejeros/as que terminaban su mandato NO FUERON INTERRUMPIDAS, NI EL MISMO PRORROGADO, aún cuando Gobierno autónomo no acometió la reforma legislativa a la que dicha Ley le obligaba y para la que le daba un plazo de SEIS MESES. Hoy, esa reforma está todavía (CASI OCHO AÑOS DESPUÉS) sin realizar…; y ahora se le une la necesidad de ejecutar esta nueva adaptación.

Como dato anecdótico apuntaremos que el acuerdo de suspensión del proceso electoral se adoptó POR UNANIMIDAD DE LOS/AS DIECISIETE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Es decir: que hubo consejeros/as que debían ser renovados por término del mandato legal y que VOTARON A FAVOR DE QUEDARSE MÁS TIEMPO. Entre ellos/as, el Representante de los Trabajadores, que con su voto refrendaba su permanencia y las de los otros tres consejeros generales representantes del personal que expiraban en sus atribuciones; todos integrantes del mismo sindicato.

A los impositores, ya nombrados compromisarios (con derecho a elegir y a ser elegidos/as), se les envió una carta contándoles el asunto y pidiéndoles disculpas. A los representantes legales de los/as trabajadores/as, ni eso; aparte de que el comunicado oficial se remitió cinco días después del plazo de cierre para la admisión de candidaturas. En fin, confiemos que el proceso de renovación no se demore más de lo necesario, porque ya hace falta un cambio.